La nueva ordenanza contra el ruido de Valencia dificulta las denuncias vecinales

La norma prevé que el afectado aporte pruebas periciales y sanciones por denuncia falsa


La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Valencia, ahora en fase de exposición al público, prevé exigir el pago de las inspecciones para controlar el ruido en el caso de que no exista incumplimiento y por "denuncias temerarias" de los vecinos. El texto introduce, además, la posibilidad de exigir a los ciudadanos pruebas periciales del ruido que les molesta, lo que dificulta la presentación de denuncias por parte de los vecinos. La ordenanza también complicará la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) al contemplar "actuaciones previas".

El equipo de gobierno del PP ha tardado casi dos años en presentar una nueva ordenanza contra el ruido, que acaba de entrar en la fase de alegaciones para ser aprobada en los próximos meses. Los populares defienden que será un instrumento eficaz para combatir los excesos y proteger el derecho al descanso de los vecinos, que con la ordenanza actual han acabado con demasiada frecuencia en los tribunales para denunciar la pasividad del Consistorio ante la contaminación acústica en las zonas de ocio. Así, dos sentencias han obligado al Ayuntamiento que dirige Rita Barberá a declarar nuevas ZAS en los entornos residenciales y de ocio de la discoteca Woody y de la calle de Juan Llorens. Sin embargo, la nueva ordenanza introduce algunos artículos que dificultan la presentación de denuncias y cargan sobre los afectados la obligación de demostrar las molestias y las infracciones, según apuntan fuentes jurídicas.

Así, el texto recoge que "cuando manifiestamente no exista" incumplimiento de la norma, "porque se trate de denuncias temerarias, se podrán girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspección realizada, y se entenderá injustificada la reiteración de denuncias durante el plazo de tres años". Pero el artículo no especifica las circunstancias en que se considerará infundada esa reclamación, que privará al vecino de reiterar la protesta. La ordenanza también prevé que, en caso de que en el expediente de licencia obre un ensayo de aislamiento acústico, se pueda "exigir que las reclamaciones aporten una peritación firmada por técnico competente con visado colegial" que especifique "qué elementos constructivos de un edificio o instalaciones no se ajustan" a la legalidad, "no siendo suficiente una apreciación sensitiva del ciudadano o usuario". Esta disposición propicia que se invierta la carga de la prueba y sea el vecino el que deba demostrar las molestias, en vez del titular de la actividad, alertan fuentes jurídicas. La norma también sitúa en un mismo plano la obligación de colaborar en las inspecciones del responsable de un establecimiento y del denunciante, cuando no es equiparable el control de un local que ha obtenido una licencia y el acceso a un domicilio particular, que debe someterse a un procedimiento controlado por la Administración para evitar posibles presiones a los vecinos para que acepten peritajes de terceros en sus viviendas.

Los vecinos también tendrán más complicado lograr una nueva ZAS. Así, la ordenanza mantiene esa figura cuando se superan los umbrales de ruido permitidos por la norma en 20 decibelios dos veces por semana durante tres semanas (antes eran dos), pero introduce un artículo que prevé "actuaciones previas" en los barrios afectados, lo que puede dilatar el proceso para llegar a la ZAS. Estas medidas previas se aplicarían en zonas que superan en 15 decibelios los máximos permitidos por la ordenanza.

El Ayuntamiento, mientras, prepara ya una primera modificación de su ordenanza, la que blindará, como en el caso de las fiestas, el ruido de la fórmula 1, de modo que se puedan superar los umbrales durante las carreras.