La nueva ordenanza contra el ruido de Valencia dificulta las denuncias vecinales

La norma prevé que el afectado aporte pruebas periciales y sanciones por denuncia falsa


La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Valencia, ahora en fase de exposición al público, prevé exigir el pago de las inspecciones para controlar el ruido en el caso de que no exista incumplimiento y por "denuncias temerarias" de los vecinos. El texto introduce, además, la posibilidad de exigir a los ciudadanos pruebas periciales del ruido que les molesta, lo que dificulta la presentación de denuncias por parte de los vecinos. La ordenanza también complicará la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) al contemplar "actuaciones previas".

El equipo de gobierno del PP ha tardado casi dos años en presentar una nueva ordenanza contra el ruido, que acaba de entrar en la fase de alegaciones para ser aprobada en los próximos meses. Los populares defienden que será un instrumento eficaz para combatir los excesos y proteger el derecho al descanso de los vecinos, que con la ordenanza actual han acabado con demasiada frecuencia en los tribunales para denunciar la pasividad del Consistorio ante la contaminación acústica en las zonas de ocio. Así, dos sentencias han obligado al Ayuntamiento que dirige Rita Barberá a declarar nuevas ZAS en los entornos residenciales y de ocio de la discoteca Woody y de la calle de Juan Llorens. Sin embargo, la nueva ordenanza introduce algunos artículos que dificultan la presentación de denuncias y cargan sobre los afectados la obligación de demostrar las molestias y las infracciones, según apuntan fuentes jurídicas.

Así, el texto recoge que "cuando manifiestamente no exista" incumplimiento de la norma, "porque se trate de denuncias temerarias, se podrán girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspección realizada, y se entenderá injustificada la reiteración de denuncias durante el plazo de tres años". Pero el artículo no especifica las circunstancias en que se considerará infundada esa reclamación, que privará al vecino de reiterar la protesta. La ordenanza también prevé que, en caso de que en el expediente de licencia obre un ensayo de aislamiento acústico, se pueda "exigir que las reclamaciones aporten una peritación firmada por técnico competente con visado colegial" que especifique "qué elementos constructivos de un edificio o instalaciones no se ajustan" a la legalidad, "no siendo suficiente una apreciación sensitiva del ciudadano o usuario". Esta disposición propicia que se invierta la carga de la prueba y sea el vecino el que deba demostrar las molestias, en vez del titular de la actividad, alertan fuentes jurídicas. La norma también sitúa en un mismo plano la obligación de colaborar en las inspecciones del responsable de un establecimiento y del denunciante, cuando no es equiparable el control de un local que ha obtenido una licencia y el acceso a un domicilio particular, que debe someterse a un procedimiento controlado por la Administración para evitar posibles presiones a los vecinos para que acepten peritajes de terceros en sus viviendas.

Los vecinos también tendrán más complicado lograr una nueva ZAS. Así, la ordenanza mantiene esa figura cuando se superan los umbrales de ruido permitidos por la norma en 20 decibelios dos veces por semana durante tres semanas (antes eran dos), pero introduce un artículo que prevé "actuaciones previas" en los barrios afectados, lo que puede dilatar el proceso para llegar a la ZAS. Estas medidas previas se aplicarían en zonas que superan en 15 decibelios los máximos permitidos por la ordenanza.

El Ayuntamiento, mientras, prepara ya una primera modificación de su ordenanza, la que blindará, como en el caso de las fiestas, el ruido de la fórmula 1, de modo que se puedan superar los umbrales durante las carreras.

Sólo un pub ha presentado la auditoría acústica solicitada por el Ayuntamiento a 58 locales

Urbanismo va a comenzar a enviar decretos exigiendo a los locales, 35 del Casco Antiguo, y los otros del resto de la ciudad, que presenten el informe

Sólo un pub ha presentado la preceptiva auditoría acústica a la que obliga la Ley del Ruido, en vigor desde 2004. El Ayuntamiento de Alicante comenzó en noviembre pasado a solicitar este informe que determina las condiciones acústicas de los locales y si cumplen con las exigencias de la ley valenciana sobre contaminación acústica. Estos estudios se le exige a los dueños de actividades que generan ruidos o vibraciones y lo tiene que hacer un organismo autorizado, en la provincia hay menos de diez empresas homologadas.
La Gerencia de Urbanismo a través de su unidad de Aperturas se lo ha pedido a 58 locales. La mayoría de ellos cuando han sido inspeccionados por denuncias vecinales en la mayoría de los casos sobre exceso de ruido, en otros casos de oficio, y también lo han solicitado en los cambios de titularidad.
Pero no ha tenido éxito los primeros apercibimientos y ahora la Gerencia de Urbanismo está preparando los decretos por los que los establecimientos tienen un plazo de un mes para entregar las auditorías acústicas en el Ayuntamiento. De los establecimientos, 35 de ellos están en el Casco Antiguo donde se desarrolla una campaña específica municipal de control del ruido. Fuentes de la Gerencia reconocen que algunos locales del Casco Antiguo están haciendo reformas previas a pasar la auditoría acústica como la eliminación del aparato de aire acondicionado de la fachada que se coloca en la terraza o incluso con la instalación de la doble puerta.
La auditoría tiene que presentarse al Ayuntamiento y en el caso de no cumplir los requisitos contra la contaminación acústica la propia alcaldesa, Sonia Castedo, ya ha advertido que supondrá una reconversión de la actividad del local.
Además de los del Casco Antiguo, los agentes tienen otros 18 del resto de la ciudad y cinco más de la zona del Puerto.

Primeras multas por ruido
Los vecinos salieron a la calle, con una cama incluida, tapones en los oídos, y hasta un wáter, para mostrar que los fines de semana es imposible hacer una vida normal y sobre todo dormir en el Casco Antiguo. Fue en noviembre. La alcaldesa recogió el guante y tras la manifestación anunció una campaña de control de la contaminación acústica para tratar de mejorar aquella situación. Y aunque hoy los residentes mantienen que el botellón les lleva de cabeza y que no se han paliado las molestias de ruidos y la suciedad, desde entonces se ha trabajado en el control del exceso de decibelios del interior de los locales. La unidad de Aperturas de la Policía Local que pertenece a la Gerencia de Urbanismo ha abierto expediente desde entonces a 35 locales del centro histórico por exceder los niveles sonoros permitidos en la licencia de apertura. Y ahora acaba de comunicar las primeras seis multas.
Las sanciones se imponen a partir de un exceso de 3 decibelios sobre la licencia de aperturas que especifica el máximo a los que puede funcionar el aparato musical. Pero en los casos sancionados
La más alta es la que se ha impuesto a local de la calle Valdés al que le exigen una multa de 4.000 euros. Además de que el equipo de música sonaba con exceso de ruido, el local carecía de la doble puerta, y ello pese a que se le había apercibido de que era necesaria. La mayoría de las inspecciones que ha hecho la Policía Local se producen por las denuncias que hacen los propios vecinos, y en algunos casos se han efectuado de oficio, aunque son las menos. En el local de la calle Valdés, el Ayuntamiento autoriza un nivel de 90 decibelios, pero los agentes detectaron 102.1 decibelios, y la multa se adecua a unos hechos calificados como graves, ya que también obtuvo la licencia de apertura después de estar durante un tiempo en funcionamiento.
En la calle Virgen de Belén se ha impuesto una multa de 2.500 euros a un local por funcionar a 102 decibelios cuando no debía de superar los 90, pero en este caso es una propuesta de resolución y ahora, el dueño del local puede presentar alegaciones. En la calle Cienfuegos los agentes de la Unidad de Aperturas han notificado tres decretos de resolución del expediente sancionador, ante los que ya no caben alegaciones. Uno de ellos había alterado la limitación en 14 decibelios; otro superaba en 13 decibelios los 90 que tenía permitidos y se le ha impuesto una multa también de 2.500 euros; mientras que otro de Cienfuegos se enfrenta a una sanción de 2.001 euros por funcionar a 90 decibelios cuando el nivel máximo permitido era 10 menos.
Con música sin permiso
En la calle Pintor Murillo otra de las multas definitivas que se han impuesto asciende a 2.250 euros, en este caso el local tenía música cuando no posee permiso para tener instalación musical.
Los agentes han inspeccionado otros 18 locales del resto de la ciudad por denuncias debidas al exceso de ruido y también por las inspecciones habituales motivadas por los cambios de licencia. Diez son bares con música, cinco son pubs, y uno de ellos además restaurante, dos son sala de fiesta, otro es un restaurante con música. Mientras que un bar sin música inspeccionado había cerrado.
Están repartidos por toda la ciudad y también la Playa de San Juan, aunque son más numerosos los que están en la denominada Ruta de la Madera, el Centro Tradicional o la Gran Vía.
Faltas graves
Cuando se superan 15 decibelios se considera una falta grave y el expediente se remite a la Conselleria de Gobernación. La multa puede alcanzar los 6.000 euros.
Uno de los locales de la Playa de San Juan ha superado los 19 decibelios sobre su licencia, alcanzó los 94.5 decibelios cuando el nivel marcado por su licencia es de 75. Otros 18 de más alcanzó el pasado 19 de abril un pub de la calle San Fernando que de los 75 decibelios permitidos llegó a 93. Y en la calle Pino Santo un bar con música también llegó a 17 decibelios al ofrecer un nivel de sonido de 92.1 decibelios y su licencia le permite llegar a 75.

laverdad.es

Catarroja expedienta a un vecino por la contaminación acústica que produce su perro

Las molestias que ocasiona su perro puede costarle a un vecino de Catarroja una multa de hasta 300 euros. El ayuntamiento de la localidad, a propuesta de la concejal de Sanidad, ha abierto un expediente sancionador al propietario del animal a raiz de una denuncia presentada por un ciudadano residente en el edificio colindante que protestaba por los ladridos del can.

I. Olmos, Catarroja

Los hechos arrancaron en enero de 2006, cuando la Policía Local avisó al propietario de la denuncia presentada por un vecino y le instó a adoptar medidas que evitaran que los ladridos del animal continuaran molestando al vecindario. Según recoge el expediente, en septiembre de 2007 el mismo denunciante volvía a presentar de nuevo una instancia denunciando que el perro seguía ladrando y molestando.
Ante la segunda denuncia, el propietario del animal alega que éste "nunca ladra en periodos nocturnos" y, además, adjunta una decena de firmas de vecinos de su misma finca que apoyan que el can "no es ningún problema debido a que se le ha puesto remedio en su día con un collar antiladridos y tiene todos los papeles en regla".
Desde las 8 hasta las 20 horas
Pero, el denunciante no está de acuerdo e incluso especifica la franja horaria en que se producen los ladridos: desde las 07:45 horas hasta el mediodía y desde las 16 hasta las 20 horas.
Ante todo ello, el ayuntamiento afirma que la ordenanza municipal sobre tenencia y protección de animales de compañía de Catarroja establece que éstos no deben causar ningún tipo de molestias al vecindario y, añaden que la normativa autonómica recoge multas de entre 30 a 300 euros en caso de infracción leve -como es el caso- si no se toman medidas para evitarlo y la confiscación del animal.


levante-emv.com