La Real Academia Española califica como ruido “aquel sonido inarticulado, por lo general desagradable”. El hecho de circular por la ciudad se está convirtiendo precisamente en una sensación desagradable por culpa de aquellos energúmenos que transitan con el “escape libre”, que en un gran número van en scooter. De esta forma los decibelios aumentan considerablemente en el ambiente urbano... La contaminación acústica debería perseguirse con severidad por las molestias que estos “petardos” ocasionan a los vecinos y a los demás usuarios de la vía. Pero es que también dan una mala imagen del sector motero ya que en general se tiende a la mentalidad simple, es decir, de generalizarlo todo, que todos los moteros son iguales... “Maté a un perro y me llamaron mataperros”.
En la antigua Grecia, por ejemplo, en algunas ciudades los artesanos que trabajaban con el martillo tenían que hacerlo fuera de las murallas por el fuerte ruido que provocaban y que ocasionaban malestar a los vecinos. Así que la preocupación por la contaminación acústica ya viene de lejos... Pero tampoco sería plan de aislar a estos moteros, pero sí que se merecen un buen multazo o bien la retirada de la moto. Más o menos ya está regulado, pero una vez más se pasan la ley por el forro. Está empíricamente comprobado que el ruido tiene efectos negativos para la salud... Y estos son físicos, como la lógica pérdida de audición, aquellos terribles dolores de cabeza, genera hipertensión, así como también problemas digestivos, etc. Pero el “escape libre” también causa problemas psicológicos como el estrés, síntomas de depresión y lo que es todavía más grave y que algunos estudios médicos ya han apuntado, que el ruido induce a la falta de deseo sexual... ¡Eso sí que no! Por favor, mano dura ya... ¡Hasta los GEOS tendrían que intervenir! Ahora que se ha puesto de moda el concepto “tolerancia cero”... pues debería aplicarse.
Coñas al margen, es un problema serio que por desgracia sigue coleando y por el cual los responsables en el asunto hacen la vista gorda. Eso sí, para poner nuevas normativas absurdas para restringir el acceso al permiso de conducir motos... De esto sí que se preocupan... Otra cuestión es el cómo pilotan estos payasos sobre ruedas... Cuando veo que se acerca alguno me empiezan a temblar hasta mis nalgas.
En ocasiones lees en la prensa, escuchas en la radio o ves por la televisión que tal ayuntamiento o que tal gobierno autónomo se pondrá exigente en el tema... pero nada. Todo es un brindis al sol... como la mayoría de las propuestas gubernamentales de este país, que cada vez más se parece a una república bananera. Las acciones que se emprenden son bastante puntuales. El uso del “escape libre” tiene lugar en las grandes urbes y también en las medianas ciudades o pueblos. Especialmente es grave el caso de los pueblos pequeños, pues quien lleva el tubo trucado ya se sabe quien es y con que moto va... pero nada. Hace tiempo que se está declarando la guerra al “escape libre” pero falta más concreción en el asunto.
revistavivascooter.com
domingo, 26 de julio de 2009
viernes, 24 de julio de 2009
La Lucha Contra el Ruido
De nuevo la lucha contra el ruido aparece en el orden del día jurisprudencial. Una de las quejas más frecuentes en las oficinas de todos los defensores del pueblo que existen en las Comunidades autónomas es justamente este asunto del ruido y de las molestias al vecindario. Tales autoridades no se cansan de exhortar a las Administraciones públicas para que cumplan su misión de velar por la tranquilidad. Pero las tales Administraciones actúan como si oyeran llover pues denunciarles conductas que son intolerables es lo mismo que majar en hierro frío, una tarea inútil.
Hay organizaciones ciudadanas de víctimas en todos las zonas históricas de los centros urbanos que claman a diario en el desierto de la insensibilidad.
A veces, sin embargo, los jueces ayudan. Así ha ocurrido en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2007, que confirma la del Tribunal Superior de Justicia del País vasco de 21 de noviembre de 2003. Un ciudadano de Bilbao estaba destrozado porque todas las mañanas, de madrugada, los camiones de la basura le despertaban al son de una horrísona sinfonía.
Empieza una crujía por las dependencias del Ayuntamiento, los técnicos le apoyan, parece que la razón está de su parte. Pero lo cierto es que el camión allí seguía, puntual, todas las mañanas, incluidas las fiestas de guardar. Decidido a entablar un pleito, lo hace argumentando la violación del art. 18 de la Constitución, inviolabilidad del domicilio, derecho a la intimidad y a la integridad física. El Tribunal bilbaíno estima su demanda y ordena que el Ayuntamiento le abone una indemnización de diez mil euros.
El Ayuntamiento recurre en casación que es desestimada. Y lo es en base a los argumentos jurídico-constitucionales que ya se han esgrimido en algunas otras ocasiones, especialmente por el Tribunal de Estrasburgo en varias sentencias, algunas de ellas afectantes a España, casos López Ostra de 8 de diciembre de 1994 y Moreno Gómez de 16 de noviembre de 2004, a saber la defensa de la intimidad. Por la parte municipal se sostenía que los vehículos utilizados permitían un importante ahorro de agua pues se servían de la propia transmisión del motor del vehículo. Esta solución más económica es, dice el juez, “aconsejable pero no cuando dicha elección supone poner en riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos, de tal suerte que es al Ayuntamiento a quien corresponde compatibilizar el servicio público que presta con los derechos fundamentales y, pese al tiempo transcurrido, no lo ha hecho”.
El Tribunal Supremo confirma, como he adelantado, la sentencia de instancia, incluida la indemnización. Un respiro, un alivio para el ciudadano bilbaíno pero se comprenderá que montar pleitos no es la solución a este problema al que se enfrenta el ciudadano indefenso.
La pregunta es ¿tiene esto arreglo? Aparentemente la preocupación es máxima, no hay partido político al que no se le llene la boca con las más altísonas declaraciones en sus programas acerca de la protección medioambiental y de la defensa del ciudadano indefenso contra los ruidos (y también las vibraciones). Los parlamentos de todas las Comunidades autónomas, las Cortes generales han aprobado leyes y más leyes, los gobiernos regionales, el de la Nación, por su parte, reglamentos y más reglamentos. Para culminar el festival de normas, no creo que exista un solo Ayuntamiento de cierta importancia que no tenga aprobada con todos los honores de ordenanza su Ordenanza contra los ruidos. ¿Para qué? Pues para tener esta catarata legislativa oculta en el oscuro hipogeo de una gaveta oficinesca. ¿Por qué?
Pues porque todo ese arsenal de nada sirve si, como presupuesto, no se acredita buena crianza. Lo vemos en las fiestas de los pueblos: durante varios días las calles son tomadas por las gentes que participan del festejo. ¿Y los demás? ¿y el enfermo? Muy sencillo: a buscar un hotel cercano o un pariente que les acoja. Esto es intolerable porque la Administración está para componer los distintos intereses en conflicto sin que la balanza se venza nunca en beneficio de unos y en exclusivo perjuicio de otros. Esta es la función que el derecho público atribuye a las autoridades, una función que los simpáticos y campechanos alcaldes que toleran esos atropellos sencillamente incumplen al permitir que una parte de la población ejerza sus derechos sin freno ni control en contra de otra silente y sufriente.
¿Se solucionará alguna vez este problema? Albergo al respecto el más negro pesimismo.
administracionpublica.com
Hay organizaciones ciudadanas de víctimas en todos las zonas históricas de los centros urbanos que claman a diario en el desierto de la insensibilidad.
A veces, sin embargo, los jueces ayudan. Así ha ocurrido en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2007, que confirma la del Tribunal Superior de Justicia del País vasco de 21 de noviembre de 2003. Un ciudadano de Bilbao estaba destrozado porque todas las mañanas, de madrugada, los camiones de la basura le despertaban al son de una horrísona sinfonía.
Empieza una crujía por las dependencias del Ayuntamiento, los técnicos le apoyan, parece que la razón está de su parte. Pero lo cierto es que el camión allí seguía, puntual, todas las mañanas, incluidas las fiestas de guardar. Decidido a entablar un pleito, lo hace argumentando la violación del art. 18 de la Constitución, inviolabilidad del domicilio, derecho a la intimidad y a la integridad física. El Tribunal bilbaíno estima su demanda y ordena que el Ayuntamiento le abone una indemnización de diez mil euros.
El Ayuntamiento recurre en casación que es desestimada. Y lo es en base a los argumentos jurídico-constitucionales que ya se han esgrimido en algunas otras ocasiones, especialmente por el Tribunal de Estrasburgo en varias sentencias, algunas de ellas afectantes a España, casos López Ostra de 8 de diciembre de 1994 y Moreno Gómez de 16 de noviembre de 2004, a saber la defensa de la intimidad. Por la parte municipal se sostenía que los vehículos utilizados permitían un importante ahorro de agua pues se servían de la propia transmisión del motor del vehículo. Esta solución más económica es, dice el juez, “aconsejable pero no cuando dicha elección supone poner en riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos, de tal suerte que es al Ayuntamiento a quien corresponde compatibilizar el servicio público que presta con los derechos fundamentales y, pese al tiempo transcurrido, no lo ha hecho”.
El Tribunal Supremo confirma, como he adelantado, la sentencia de instancia, incluida la indemnización. Un respiro, un alivio para el ciudadano bilbaíno pero se comprenderá que montar pleitos no es la solución a este problema al que se enfrenta el ciudadano indefenso.
La pregunta es ¿tiene esto arreglo? Aparentemente la preocupación es máxima, no hay partido político al que no se le llene la boca con las más altísonas declaraciones en sus programas acerca de la protección medioambiental y de la defensa del ciudadano indefenso contra los ruidos (y también las vibraciones). Los parlamentos de todas las Comunidades autónomas, las Cortes generales han aprobado leyes y más leyes, los gobiernos regionales, el de la Nación, por su parte, reglamentos y más reglamentos. Para culminar el festival de normas, no creo que exista un solo Ayuntamiento de cierta importancia que no tenga aprobada con todos los honores de ordenanza su Ordenanza contra los ruidos. ¿Para qué? Pues para tener esta catarata legislativa oculta en el oscuro hipogeo de una gaveta oficinesca. ¿Por qué?
Pues porque todo ese arsenal de nada sirve si, como presupuesto, no se acredita buena crianza. Lo vemos en las fiestas de los pueblos: durante varios días las calles son tomadas por las gentes que participan del festejo. ¿Y los demás? ¿y el enfermo? Muy sencillo: a buscar un hotel cercano o un pariente que les acoja. Esto es intolerable porque la Administración está para componer los distintos intereses en conflicto sin que la balanza se venza nunca en beneficio de unos y en exclusivo perjuicio de otros. Esta es la función que el derecho público atribuye a las autoridades, una función que los simpáticos y campechanos alcaldes que toleran esos atropellos sencillamente incumplen al permitir que una parte de la población ejerza sus derechos sin freno ni control en contra de otra silente y sufriente.
¿Se solucionará alguna vez este problema? Albergo al respecto el más negro pesimismo.
administracionpublica.com
viernes, 10 de julio de 2009
El ruido mata poco a poco
No lo decimos nosotros, que somos conscientes de lo que nos está pasando y sintiendo como nuestra salud física y psíquica se deteriora día a día. Son palabras literales de Isabel López Barrio, mienbro del Instituto de Acústica CSIC, una de las personas que más saben sobre la materia en España. Sabemos que vamos a vivir menos y peor por culpa del ruido que nos vemos obligados a soportar y no podemos comprender como las personas que nos gobiernan y que tienen la obligación de protegernos permanecen insensibles a nuestra desgracia. Nos duele que sigan pensando que es posible "compatibilizar", así se siguen expresando, los intereses "económicos" con los derechos "fundamentales" de nuestra Constitución española.
Pensamos que las cosas iban a cambiar definitivamente cuando en 1994 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena al Estado español por la violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos al vulnerar el derecho a la vida privada de una ciudadana de Lorca a causa de los daños ocasionados por el funcionamiento de una depuradora. El TEDH establece en dicha sentencia que los perjuicios graves al medio ambiente pueden afectar el bienestar de una persona y privarla del disfrute del domicilio, dañando su vida privada y familiar, sin que ello suponga un grave peligro para la salud de la recurrente. Y es que la "violación del domicilio" ya no se reduce a la patada en la puerta, es también cuestión de ruidos, humos y olores.
Partiendo de la evidencia de que uno de los problemas ecológicos más importantes de Europa es el ruido ambiental y siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el año 2002 se aprobó la Directiva 2002/49/CE que obliga a los estados miembros a transponer su contenido, elaborar mapas de ruido para detectar los problemas y crear estrategias para la gestión y la eliminación de la contaminación acústica, ademas de informar a los ciudadanos de los niveles de ruido a los que están sometidos. Esta normativa no tiene en cuenta el "ruido del ocio nocturno", pues sólo sucede en España, que por desgracia sigue siendo "diferente", y recomendaron darle solución con las leyes existentes en España.
En nuestra comunidad, los mapas de ruido se han presentado fuera de plazo, parece ser que para hacer algunas "modificaciones", muy sospechosas y rodeados de gran secretismo, salieron a exposición pública durante el periodo navideño, después de haber sido anunciados sólamente en el BOCAIB, sin darle difusión en un periódico de gran difusión como es obligatorio y sin informar a las partes interesadas en el tema, Federación de Asociaciones de Vecinos y nuestra Asociación que repetidamente y por todos los medios de que dispone lo había solicitado, pues teníamos la esperanza de que estos mapas serían una herramienta muy útil para detectar y poner solución al problema del ruido. Pues bien, nos han dejado en el limbo, en un mapa de ruidos no consta que existe una ZEP, Zona de Especial Protección acústica y a pesar del numeroso número de establecimientos de ocio que existen, tampoco han colocado sonómetros para ver si las medidas que se están aplicando son suficientes o si se impone tomar nuevas medidas restrictivas, porque "¡aquí no hay quien viva"! Después de veinte años de lucha todavía seguimos padeciendo "maltrato acústico" y cuestionándonos si podremos seguir en nuestros domicilios. Las autoridades no son conscientes de la gravedad de este problema e incluso van a utilizar los mapas de ruido como estrategia para modificar las ordenanzas y ser más tolerantes aún, van a modificar los horarios de manera que la noche empezará más tarde, las mediciones sonométricas se harán con las ventanas cerradas, obligándonos a vivir en guetos en lugar de corregir las fuentes emisoras del ruido, etc.
Consienten y promueven que en un estado de derecho unas personas sufran para que otras ganen dinero, y echan de sus casas a los ciudadanos para "dinamizar la ciudad". Esto no es dar vida la ciudad. Siguen confundiendo ruido con desarrollo cuando es todo lo contrario, atonta, embrutece y es tortura pura y dura para los residentes de los barrios afectados. Actualmente son infinitas las sentencias que condenan a los que hacen ruido y a los que lo consienten a pagar indemnizaciones millonarias e incluso con penas de cárcel y es que son maltratadores y nos estan matando poco a poco.
diariodemallorca.es
Pensamos que las cosas iban a cambiar definitivamente cuando en 1994 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena al Estado español por la violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos al vulnerar el derecho a la vida privada de una ciudadana de Lorca a causa de los daños ocasionados por el funcionamiento de una depuradora. El TEDH establece en dicha sentencia que los perjuicios graves al medio ambiente pueden afectar el bienestar de una persona y privarla del disfrute del domicilio, dañando su vida privada y familiar, sin que ello suponga un grave peligro para la salud de la recurrente. Y es que la "violación del domicilio" ya no se reduce a la patada en la puerta, es también cuestión de ruidos, humos y olores.
Partiendo de la evidencia de que uno de los problemas ecológicos más importantes de Europa es el ruido ambiental y siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el año 2002 se aprobó la Directiva 2002/49/CE que obliga a los estados miembros a transponer su contenido, elaborar mapas de ruido para detectar los problemas y crear estrategias para la gestión y la eliminación de la contaminación acústica, ademas de informar a los ciudadanos de los niveles de ruido a los que están sometidos. Esta normativa no tiene en cuenta el "ruido del ocio nocturno", pues sólo sucede en España, que por desgracia sigue siendo "diferente", y recomendaron darle solución con las leyes existentes en España.
En nuestra comunidad, los mapas de ruido se han presentado fuera de plazo, parece ser que para hacer algunas "modificaciones", muy sospechosas y rodeados de gran secretismo, salieron a exposición pública durante el periodo navideño, después de haber sido anunciados sólamente en el BOCAIB, sin darle difusión en un periódico de gran difusión como es obligatorio y sin informar a las partes interesadas en el tema, Federación de Asociaciones de Vecinos y nuestra Asociación que repetidamente y por todos los medios de que dispone lo había solicitado, pues teníamos la esperanza de que estos mapas serían una herramienta muy útil para detectar y poner solución al problema del ruido. Pues bien, nos han dejado en el limbo, en un mapa de ruidos no consta que existe una ZEP, Zona de Especial Protección acústica y a pesar del numeroso número de establecimientos de ocio que existen, tampoco han colocado sonómetros para ver si las medidas que se están aplicando son suficientes o si se impone tomar nuevas medidas restrictivas, porque "¡aquí no hay quien viva"! Después de veinte años de lucha todavía seguimos padeciendo "maltrato acústico" y cuestionándonos si podremos seguir en nuestros domicilios. Las autoridades no son conscientes de la gravedad de este problema e incluso van a utilizar los mapas de ruido como estrategia para modificar las ordenanzas y ser más tolerantes aún, van a modificar los horarios de manera que la noche empezará más tarde, las mediciones sonométricas se harán con las ventanas cerradas, obligándonos a vivir en guetos en lugar de corregir las fuentes emisoras del ruido, etc.
Consienten y promueven que en un estado de derecho unas personas sufran para que otras ganen dinero, y echan de sus casas a los ciudadanos para "dinamizar la ciudad". Esto no es dar vida la ciudad. Siguen confundiendo ruido con desarrollo cuando es todo lo contrario, atonta, embrutece y es tortura pura y dura para los residentes de los barrios afectados. Actualmente son infinitas las sentencias que condenan a los que hacen ruido y a los que lo consienten a pagar indemnizaciones millonarias e incluso con penas de cárcel y es que son maltratadores y nos estan matando poco a poco.
diariodemallorca.es
sábado, 4 de julio de 2009
La nueva ordenanza contra el ruido de Valencia dificulta las denuncias vecinales
La norma prevé que el afectado aporte pruebas periciales y sanciones por denuncia falsa
La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Valencia, ahora en fase de exposición al público, prevé exigir el pago de las inspecciones para controlar el ruido en el caso de que no exista incumplimiento y por "denuncias temerarias" de los vecinos. El texto introduce, además, la posibilidad de exigir a los ciudadanos pruebas periciales del ruido que les molesta, lo que dificulta la presentación de denuncias por parte de los vecinos. La ordenanza también complicará la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) al contemplar "actuaciones previas".
El equipo de gobierno del PP ha tardado casi dos años en presentar una nueva ordenanza contra el ruido, que acaba de entrar en la fase de alegaciones para ser aprobada en los próximos meses. Los populares defienden que será un instrumento eficaz para combatir los excesos y proteger el derecho al descanso de los vecinos, que con la ordenanza actual han acabado con demasiada frecuencia en los tribunales para denunciar la pasividad del Consistorio ante la contaminación acústica en las zonas de ocio. Así, dos sentencias han obligado al Ayuntamiento que dirige Rita Barberá a declarar nuevas ZAS en los entornos residenciales y de ocio de la discoteca Woody y de la calle de Juan Llorens. Sin embargo, la nueva ordenanza introduce algunos artículos que dificultan la presentación de denuncias y cargan sobre los afectados la obligación de demostrar las molestias y las infracciones, según apuntan fuentes jurídicas.
Así, el texto recoge que "cuando manifiestamente no exista" incumplimiento de la norma, "porque se trate de denuncias temerarias, se podrán girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspección realizada, y se entenderá injustificada la reiteración de denuncias durante el plazo de tres años". Pero el artículo no especifica las circunstancias en que se considerará infundada esa reclamación, que privará al vecino de reiterar la protesta. La ordenanza también prevé que, en caso de que en el expediente de licencia obre un ensayo de aislamiento acústico, se pueda "exigir que las reclamaciones aporten una peritación firmada por técnico competente con visado colegial" que especifique "qué elementos constructivos de un edificio o instalaciones no se ajustan" a la legalidad, "no siendo suficiente una apreciación sensitiva del ciudadano o usuario". Esta disposición propicia que se invierta la carga de la prueba y sea el vecino el que deba demostrar las molestias, en vez del titular de la actividad, alertan fuentes jurídicas. La norma también sitúa en un mismo plano la obligación de colaborar en las inspecciones del responsable de un establecimiento y del denunciante, cuando no es equiparable el control de un local que ha obtenido una licencia y el acceso a un domicilio particular, que debe someterse a un procedimiento controlado por la Administración para evitar posibles presiones a los vecinos para que acepten peritajes de terceros en sus viviendas.
Los vecinos también tendrán más complicado lograr una nueva ZAS. Así, la ordenanza mantiene esa figura cuando se superan los umbrales de ruido permitidos por la norma en 20 decibelios dos veces por semana durante tres semanas (antes eran dos), pero introduce un artículo que prevé "actuaciones previas" en los barrios afectados, lo que puede dilatar el proceso para llegar a la ZAS. Estas medidas previas se aplicarían en zonas que superan en 15 decibelios los máximos permitidos por la ordenanza.
El Ayuntamiento, mientras, prepara ya una primera modificación de su ordenanza, la que blindará, como en el caso de las fiestas, el ruido de la fórmula 1, de modo que se puedan superar los umbrales durante las carreras.
La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Valencia, ahora en fase de exposición al público, prevé exigir el pago de las inspecciones para controlar el ruido en el caso de que no exista incumplimiento y por "denuncias temerarias" de los vecinos. El texto introduce, además, la posibilidad de exigir a los ciudadanos pruebas periciales del ruido que les molesta, lo que dificulta la presentación de denuncias por parte de los vecinos. La ordenanza también complicará la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS) al contemplar "actuaciones previas".
El equipo de gobierno del PP ha tardado casi dos años en presentar una nueva ordenanza contra el ruido, que acaba de entrar en la fase de alegaciones para ser aprobada en los próximos meses. Los populares defienden que será un instrumento eficaz para combatir los excesos y proteger el derecho al descanso de los vecinos, que con la ordenanza actual han acabado con demasiada frecuencia en los tribunales para denunciar la pasividad del Consistorio ante la contaminación acústica en las zonas de ocio. Así, dos sentencias han obligado al Ayuntamiento que dirige Rita Barberá a declarar nuevas ZAS en los entornos residenciales y de ocio de la discoteca Woody y de la calle de Juan Llorens. Sin embargo, la nueva ordenanza introduce algunos artículos que dificultan la presentación de denuncias y cargan sobre los afectados la obligación de demostrar las molestias y las infracciones, según apuntan fuentes jurídicas.
Así, el texto recoge que "cuando manifiestamente no exista" incumplimiento de la norma, "porque se trate de denuncias temerarias, se podrán girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspección realizada, y se entenderá injustificada la reiteración de denuncias durante el plazo de tres años". Pero el artículo no especifica las circunstancias en que se considerará infundada esa reclamación, que privará al vecino de reiterar la protesta. La ordenanza también prevé que, en caso de que en el expediente de licencia obre un ensayo de aislamiento acústico, se pueda "exigir que las reclamaciones aporten una peritación firmada por técnico competente con visado colegial" que especifique "qué elementos constructivos de un edificio o instalaciones no se ajustan" a la legalidad, "no siendo suficiente una apreciación sensitiva del ciudadano o usuario". Esta disposición propicia que se invierta la carga de la prueba y sea el vecino el que deba demostrar las molestias, en vez del titular de la actividad, alertan fuentes jurídicas. La norma también sitúa en un mismo plano la obligación de colaborar en las inspecciones del responsable de un establecimiento y del denunciante, cuando no es equiparable el control de un local que ha obtenido una licencia y el acceso a un domicilio particular, que debe someterse a un procedimiento controlado por la Administración para evitar posibles presiones a los vecinos para que acepten peritajes de terceros en sus viviendas.
Los vecinos también tendrán más complicado lograr una nueva ZAS. Así, la ordenanza mantiene esa figura cuando se superan los umbrales de ruido permitidos por la norma en 20 decibelios dos veces por semana durante tres semanas (antes eran dos), pero introduce un artículo que prevé "actuaciones previas" en los barrios afectados, lo que puede dilatar el proceso para llegar a la ZAS. Estas medidas previas se aplicarían en zonas que superan en 15 decibelios los máximos permitidos por la ordenanza.
El Ayuntamiento, mientras, prepara ya una primera modificación de su ordenanza, la que blindará, como en el caso de las fiestas, el ruido de la fórmula 1, de modo que se puedan superar los umbrales durante las carreras.
Lluvia de multas por el ruido de las tracas, gritos, músicos o ladridos en Valencia
La Policía ha puesto 432 multas en el primer año de vida de la ordenanza del ruido.
De ellas, 144 son por armar jaleo en casa.
Los vecinos de Valencia cuentan con un aliado para combatir los ruidos, y cada vez recurren más a él. En concreto, se trata de la ordenanza del ruido, que la semana que viene cumple un año de vida.
Tanto es así que durante este periodo la Policía Local ha puesto un total de 432 sanciones por infringir esta norma, de las que 92 se formularon de julio a diciembre de 2008 y otras 340 entre enero y junio de este año, según fuentes policiales.
Las más numerosas son las denuncias de unos vecinos a otros por gritar y armar jaleo en sus casas. Por este motivo, se han puesto 144 multas. Le siguen las 101 por los ruidos de electrodomésticos como aparatos de aire acondicionado o los relacionados con trabajos domésticos fuera del horario permitido.
Además, se han formulado 70 denuncias por usar aparatos sonoros en la vía pública, la mayoría a músicos callejeros, y otras 49 a aquellos que han querido celebrar sus bodas con el disparo de tracas sin haber pedido autorización al Ayuntamiento o que han tirado petardos fuera de los lugares y horarios permitidos.
La Policía Local también ha interpuesto 33 sanciones por ir con la música del coche a tope, 14 a dueños que dejan a sus perros en balcones o terrazas cuyos ladridos molestan al vecindario y 13 por gritar en la calle. Otras 6 personas han sido sancionadas por no apagar las alarmas disparadas de sus coches y dos más por hacer labores de carga y descarga de noche.
En este sentido, la concejala de Contaminación Acústica, Lourdes Bernal, ha valorado el primer año de vida de la ordenanza: "Es una herramienta legal al servicio de los ciudadanos. Hemos notado que la gente está cada vez más concienciada".
20minutos.es
De ellas, 144 son por armar jaleo en casa.
Los vecinos de Valencia cuentan con un aliado para combatir los ruidos, y cada vez recurren más a él. En concreto, se trata de la ordenanza del ruido, que la semana que viene cumple un año de vida.
Tanto es así que durante este periodo la Policía Local ha puesto un total de 432 sanciones por infringir esta norma, de las que 92 se formularon de julio a diciembre de 2008 y otras 340 entre enero y junio de este año, según fuentes policiales.
Las más numerosas son las denuncias de unos vecinos a otros por gritar y armar jaleo en sus casas. Por este motivo, se han puesto 144 multas. Le siguen las 101 por los ruidos de electrodomésticos como aparatos de aire acondicionado o los relacionados con trabajos domésticos fuera del horario permitido.
Además, se han formulado 70 denuncias por usar aparatos sonoros en la vía pública, la mayoría a músicos callejeros, y otras 49 a aquellos que han querido celebrar sus bodas con el disparo de tracas sin haber pedido autorización al Ayuntamiento o que han tirado petardos fuera de los lugares y horarios permitidos.
La Policía Local también ha interpuesto 33 sanciones por ir con la música del coche a tope, 14 a dueños que dejan a sus perros en balcones o terrazas cuyos ladridos molestan al vecindario y 13 por gritar en la calle. Otras 6 personas han sido sancionadas por no apagar las alarmas disparadas de sus coches y dos más por hacer labores de carga y descarga de noche.
En este sentido, la concejala de Contaminación Acústica, Lourdes Bernal, ha valorado el primer año de vida de la ordenanza: "Es una herramienta legal al servicio de los ciudadanos. Hemos notado que la gente está cada vez más concienciada".
20minutos.es
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
