Los primeros síntomas de la enfermedad degenerativa que acabó provocando la muerte de una vecina de la calle Magallanes de Santander los empezó a sentir un año después de mudarse a ese domicilio, en cuya planta baja se encontraba el bar 'La Red Cultural', hoy cerrado.
Así lo ha revelado el viudo de esta mujer en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria contra los tres propietarios del local, acusados de un delito de contaminación acústica por el que les pide penas de dos años y medio de prisión para cada uno, condena que el Ministerio Fiscal llega a elevar hasta los cinco años de cárcel.
Si el matrimonio y sus dos hijos comenzaron a vivir en ese piso en junio de 2002, fue al verano siguiente cuando su esposa comenzó a sentir los primeros síntomas de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), el mismo mal que padece Stephen Hawking y que se caracteriza por la disminución del funcionamiento de las células nerviosas que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria.
La enferma fallecería en octubre de 2008 y esos fueron sus primero síntomas, según ha insistido su esposo, quien ha tachado de "falsas y malintencionadas" las preguntas de las defensas sobre la existencia de indicios de esta mal degenerativo en 2001, y ha negado que hubiera antecedentes de ELA en la familia de su esposa.
El hombre, acusación particular en el juicio contra los tres propietarios del local, que ha concluido este miércoles, ha relatado cómo al mes de llegar comenzaron los primeros problemas con el bar, que estaba justo debajo de su piso, con suelo de madera.
Del local procedían los ruidos, la música y las vibraciones que le llevaron a realizar hasta cien escritos y llamadas telefónicas de denuncia, además de a un grado de tensión con los propietarios, uno de los cuales, en su versión, le agredió.
"no podía vivir"
"No podía vivir", ha manifestado el denunciante, que ha relatado como tanto él como su mujer tenían la oficina en el domicilio, y los ruidos del local les impedían también desarrollar su trabajo.
"No había forma de centrarse, era una situación insostenible, no podíamos trabajar con la elemental dignidad en la vida, se perdían clientes y la gente no quería saber nada", ha lamentado, reiterando en que a raíz de estos problemas el rendimiento laboral bajó y perdieron "muchos clientes".
Eran unas molestias que sólo sentían ellos, ya que eran quienes estaban encima del local, ha explicado.
El Ministerio Fiscal considera a cada uno de los tres acusados (J.R.S., C.G.B. y A.D.V.) responsable de un delito contra el medio ambiente, penado con cinco años de prisión y una multa de 13.500, además de indemnizaciones por valor de 6.300 euros, todo para cada uno de los acusados.
La petición de penas que hace la acusación particular, el perjudicado, es inferior: dos años y dos meses de prisión, un año de inhabilitación para actividades hosteleras e indemnizaciones de 14.000 euros, y, en el caso de la mujer, una cifra por determinar, pero no inferior a los 150.000 euros.
Esta parte también reclama, en caso de impago, la responsabilidad civil subsidiaria en las indemnizaciones del Ayuntamiento de Santander, al que reprocha que no adoptara "de forma tajante" medidas para la privación del ruido, en una actitud que califica de "tolerancia de una situación ilegal e injusta".
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