El Ayuntamiento de Zamora cierra un bar por ruidos para preservar la salud de los vecinos

El local se clausura definitivamente por la sentencia del TSJ que prima el «medioambiente» e «interés público» sobre la actividad privada

«Por fin se produce el cierre después de años pleiteando», declara el abogado de la comunidad de vecinos de la calle de Alfonso XII, número 5, José Nafría, que ya hace siete años consiguió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valladolid favorable a la clausura del establecimiento. Los magistrados primaron «el derecho de los vecinos a la salud, a un medioambiente adecuado, a la intimidad personal y familiar», sobre el de un particular a ejercer una actividad económica. El local excedía el nivel de ruidos permitido por la Ley y no fue insonorizado, tras el primer requerimiento judicial, para evitar las molestias a los habitantes de los pisos superiores del edificio.


El TSJ, no obstante, ha tenido que emitir una segunda sentencia favorable a los vecinos para confirmar la dictada por el Juzgado Contencioso de Zamora, en la que la magistrada viene a reprender al Ayuntamiento por permitir que el establecimiento volviera a abrir sus puertas en septiembre de 2007 con otra licencia ambiental «en una zona acústicamente saturada», términos en los que se refirió el TSJ a esta parte de la capital en su primer fallo del año 2003.


El permiso municipal se dio por concedido en 2007 porque los propietarios no obtuvieron respuesta de la institución local a la petición de otra licencia municipal, circunstancia que beneficia a quien no obtiene contestación. Sin embargo, en este caso la licencia «no se puede adquirir por silencio administrativo» porque esa «actividad» que se pretende poner en marcha «es contraria a derecho», de acuerdo con el criterio de la magistrada del Contencioso, ratificado por el TSJ.


Aunque los vecinos esperaban que el fallo de Zamora bastara para que la institución local decretara el cierre inmediato del bar, lo cierto es que han tenido que esperar a que el Superior de Justicia de Valladolid ratificara dicha sentencia, hecha pública el 28 de enero de 2010, lo que ha tardado más de un año en suceder. Los titulares del bar han recibido el decreto municipal que informa de la «inexistencia de licencia ambiental para dicha actividad por sentencia judicial firme», es decir, que no podrá recurrirse. El letrado, José Nafría, vertió en su día críticas hacia el Ayuntamiento, «sorprendido porque se preocupe más por el derecho del empresario a abrir su negocio que por el de los vecinos a su salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado» e instó al equipo de Gobierno municipal a clausurar el negocio sin necesidad de que se pronunciara de nuevo el TSJ.

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